La Defensa Pública en esta materia asiste, orienta, asesora y representa a todas las personas señaladas como presuntos responsables de un delito, velando por el cumplimiento del derecho a la defensa y del debido proceso.
Toda persona mayor de edad que tenga la condición de imputado, querellado, acusado o penado ante los tribunales de la jurisdicción penal, tiene el derecho de ser asistida por una defensora o defensor público en cualquier estado y grado del proceso. Ya sea a solicitud voluntaria del defendido o a solicitud del juez que lleva la causa. En cualquier circunstancia, la defensora o defensor público puede intervenir desde el acto de imputación fiscal, cubriendo las fases sucesivas, hasta finalizar el proceso de sentencia definitivamente firme y ejecución de pena o atendiendo solo alguna de las fases en que se encuentra el proceso.
¿Quiénes requieren Defensa en materia Penal?
Todas las personas que hayan sido señalados como autoras o partícipes en un hecho que la Ley Penal contempla como delito.
Las defensoras o defensores públicos en materia penal ordinario tienen como funciones, entre otras:
- Asesorar a la usuaria o usuario, tanto en las sedes de la Defensa Pública (para quien se encuentre en libertad), como en los diferentes centros de detención preventiva o centros de reclusión (para quien se encuentre privado de ella).
- Representar a la usuaria o usuario ante el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal ordinario.
- Brindar atención e información a los familiares y amigos de la usuaria o usuario, bien sea que se encuentre en calidad de investigado, imputado, acusado o penado.
- Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías de los usuarios durante el proceso penal.
Si necesita los servicios de la Defensa Pública:
En materia penal, acuda a cualquiera de las sedes de la Defensa Pública que se encuentran ubicadas en el ámbito nacional.
En caso de estar privado de libertad, diríjase a la consultoría jurídica del centro de reclusión, para solicitar la designación de una defensora o un defensor público.
Asimismo, tanto el imputado o acusado que se encuentre en libertad, como el familiar del privado de libertad, si lo desea, puede acudir a la sede de la Unidad Regional de la Defensa Pública del estado en el cual se le sigue la causa, a los fines de solicitar el trámite para la designación de una defensora o defensor público.
Algunos Derechos y Garantías Constitucionales de toda persona, en materia Penal
- Ser asistida desde los inicios de la investigación por una abogada o abogado y tener acceso a las pruebas.
- Comunicarse con sus familiares y solicitar la asistencia de un abogado de su confianza o defensor público.
- Guardar silencio si lo desea, no declarar contra sí mismo ni contra sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
- Ser informado de los cargos en su contra y de las razones que motiven su detención.
- No ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de su dignidad.
- No ser objeto de métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su consentimiento.
- Que se le practique un reconocimiento médico, en caso de ser necesario, a los fines de garantizar su derecho a la salud.
- Ofrecer y contradecir los medios de prueba que se presentarán en el juicio oral.
- De ser procedente, ejercer recurso de apelación contra la sentencia que le cause gravamen o perjuicio.