Atendiendo la invitación de la Defensoría de Pueblo orientada a la promoción de los DD.HH. de las personas con VIH/Sida desde una perspectiva de condiciones de igualdad y no discriminación, autoridades de la Defensa Pública (DP) asistieron al taller «Derechos Humanos de las Personas con VIH/Sida en Venezuela».
La actividad se desarrolló en la sede de la institución, y contó con la participación de la coordinadora general de la DP, Rosimar González, y el director nacional de Actuación Procesal, Luis Alfredo Pérez, además de representantes de diversas instituciones.
El encuentro inició con las palabras de la directora general de Promoción y Divulgación de los derechos humanos de la defensoría del Pueblo, María Reyes, quien indicó el rol de la institución para sensibilizar y fortalecer la actuación de delegados defensoriles en la protección en este sector de la sociedad.
El director de Materias de Especial Atención, Edward Ferraza, orientó a los presentes con la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares, la cual tiene como objetivo promover y proteger el derecho a la igualdad de todas las personas con VIH/Sida y asegurar que disfruten y ejerzan todos sus derechos, garantías, deberes y responsabilidades, sin discriminación alguna.
También abordó la sensibilización del personal de salud y de comunidades organizadas en trato no discriminatorio de personas con VIH y miembros de la comunidad LGBTIQ+ en centros asistenciales y organizaciones gubernamentales, y dio a conocer los órganos receptores de denuncias en caso de ser víctima o conocer de alguien a quien se le haya vulnerado sus derechos.
La representante de la ONUSIDA, Regina López, se encargó de especificar la evolución histórica del virus de inmunodeficiencia humana, sus barreras de prevención, así como las percepciones riesgo y la estrategia global del Sida.
La coordinadora general de la DP manifestó que de conformidad a lo dispuesto en la Ley especial que protege a esta población vulnerable, se establece una serie de principios donde prevalece la no discriminación y la no estigmatización, así como, la corresponsabilidad de instituciones del Estado.
