A propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora cada 30 de julio, funcionarios de la Defensa Pública participaron en el foro «Venezuela libre de trata», organizado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La actividad, desarrollada en el Salón «Ernesto Che Guevara» de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, estuvo presidida por el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro para Relaciones Interiores Justicia y Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso.
En representación de este órgano del sistema de justicia asistió el director nacional de Actuación Procesal, Luis Alfredo Pérez, en compañía de defensores públicos adscritos a la unidad regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas.
En el foro recordaron que este flagelo es una forma contemporánea de esclavitud en la que se priva de su libertad, dignidad y derechos fundamentales a sus víctimas, y en Venezuela, el artículo 54 de la Carta Magna establece que ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, está sujeta a las penas previstas en la ley.
Asimismo, explicaron las formas de captación de las víctimas, así como los fines ilícitos asociados a la trata de personas como la explotación sexual, el trabajo forzoso y el tráfico de órganos.
También mencionaron los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela para la lucha contra este delito, así mismo, hicieron referencia a los instrumentos normativos que rigen la materia.
La actividad, propicia para sensibilizar sobre el tema, contó con las ponencias de la directora de la Oficina Nacional para la Oficina Nacional para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPIJP) , Monique Fernández; la fiscal provisorio 95ª especializada en delito de trata de personas, Nazareth Landaeta; la directora de la Organización Social Sures, María Lucrecia Hernández; y el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía y director general de Derechos Humanos del (MPPIJP) Pablo Fernández.
