“En atención a las mesas de trabajo por el interés superior de la protección del niño, niña y adolescente, ampliamos la competencia de los defensores públicos que actúan en la materia para que ejerzan las acciones civiles que corresponden en aquellos casos donde intervengan infantes y adolescentes”, así lo anunció el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera.
La resolución N° 532-2022, publicada en la Gaceta Oficial N°42.437 de fecha 10 de agosto de 2022, específica que las y los defensores públicos en la competencia de protección de niñas, niñas y adolescentes ejercerán la representación judicial de adultos y tramitarán las acciones civiles que deriven de la referida asistencia y representación ante los tribunales de niños, niñas y adolescentes.
La máxima autoridad agregó que la ampliación de la mencionada competencia es válida para todos los defensores públicos de la jurisdicción que se encuentran en el territorio nacional.
Por otro lado, el Defensor Público General indicó que mediante las visitas a los internados judiciales y centros de detención preventiva observaron traslados de los privados de libertad de su jurisdicción natural a otros estados, lo que conllevó a dictar nuevos lineamientos en materia penal (ordinario y especial).
En caso de que los defendidos o defendidas, en condición de privados y privadas de libertad, sean trasladados a centros de reclusión fuera de la jurisdicción del tribunal natural deberán brindar atención al procesado en la revisión de los expedientes que se encuentran en fase de proceso, seguidos por ante los tribunales de primera instancia en funciones de control o juicio oral y público, así reza la circular DDPG-2022-005.
Sobre el recurso de interpretación introducido ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referente al artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, Ramírez Herrera indicó que fue designado el magistrado Maikel Moreno para la revisión del recurso, “convencido de que la sala penal fallará en favor de todos los penados y penadas que trabajan y estudian luchando por ser mujeres y hombres nuevos con la esperanza de reinsertarse a la sociedad, están en juego los derechos constitucionales al trabajo, estudio, la familia y el principio de progresividad”.
En otro orden de ideas, informó sobre la creación del Sistema de Actuación del Defensor Público, caracterizado por un expediente digital que permitirá al personal defensoril reportar sus actividades diarias en tiempo real, lo que contribuirá con la supervisión y control de sus labores.
