El Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, se constituyó en la extensión del Circuito Judicial Penal del estado Miranda que se encuentra en los Valles del Tuy, a los fines de verificar los avances del Plan Justicia Inmediata en la entidad.
La máxima autoridad de este órgano del sistema de justicia resaltó que defensores públicos en fase de ejecución, conjuntamente con fiscales y jueces, revisaron las causas de los privados de libertad en dicha fase del proceso judicial para verificar los requisitos que les eran necesarios, los cuales fueron entregados en material físico y digital al presidente del Circuito Judicial Penal, Bernardo Odierno.
Ramírez Herrera informó que fueron revisadas 149 causas en los distintos tribunales de ejecución, donde se verificó que existen algunos expedientes que requieren de requisitos para que los jueces se puedan pronunciar y otorgar alguna fórmula alternativa del cumplimiento de pena, como los cómputos, el certificado de antecedentes penales, el informe psicosocial, traslados a medicatura forense o traslados interpenales.
Asimismo, el Defensor Público General realizó la firma de los oficios que serán elevados al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Esta acción la realizó en compañía del director nacional de Actuación Procesal de la Defensa Pública, Luis Alfredo Pérez; el coordinador de la extensión Valles del Tuy, Ángel Requena; así como defensores públicos, inspectores de tribunales, jueces y fiscales en fase de ejecución de la entidad.
Es de resaltar que el Plan de Justicia Inmediata inició en diciembre del 2022 en el Área Metropolitana de Caracas e implementado en la entidad mirandina en el mes pasado, cumpliendo así con la cuarta línea de gobierno establecida por el presidente Nicolás Maduro, la cual contempla consolidar el camino a la justicia.
