Con la revisión de causas de las privadas y privados de libertad del estado Táchira, la Defensa Pública cumplió en todo el país con la expansión del Plan Justicia Inmediata en la fase de ejecución, iniciado a finales del año 2022 por la celeridad procesal y garantía de los derechos humanos, principio de progresividad y reinserción a la sociedad de las y los penados.
De manera que el director nacional de Actuación Procesal de la institución, Luis Alfredo Pérez, se constituyó en el Circuito Judicial Penal de esa entidad andina, ubicado en San Cristóbal, en compañía de la directora de línea Penal y Asuntos Penitenciarios, Zuleima González; la coordinadora regional de este órgano de justicia, Blanca Marisela Pérez, así como el coordinador de la extensión San Antonio del Táchira, Emerson Cárdenas, y personal defensoril en materia penal ejecución.
Los representantes de la Defensa Pública, durante la mesa de trabajo sostenida con el fiscal superior, Alejandro Celis; con una representante de la Defensoría del Pueblo, Celeste Butragueno, el juez tercero en materia de ejecución, Charles Reyes, entre otros administradores de justicia en ejecución de sentencia, verificaron los requisitos de las y los penados para que las juezas y jueces correspondientes se pronuncien sobre alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena.
