En Maracaibo, estado Zulia, el Defensor Público General (DPG), Daniel Ramírez Herrera, junto a autoridades y diputados de la Asamblea Nacional, se sumó a la continuación del abordaje convocado por la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia, desarrollado en el Circuito Judicial Penal de esa entidad y desplegado desde el viernes.
En el recinto judicial, las autoridades, operadores de justicia y parlamentarios revisaron los expedientes judiciales de privadas y privados de libertad en fase de control y de juicio en la jurisdicción penal de los municipios Cabimas y Maracaibo, esto con el propósito de garantizar la tutela judicial efectiva y demás derechos procesales; como lo ha precisado el presidente Nicolás Maduro, con el llamado a la revolución judicial.
En esta jornada estuvo el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de la Casación Social, magistrado Edgar Gavidia; la vicepresidenta de la Sala de Casación Penal del alto juzgado del país, magistrada Marisela Castro Gilly; el fiscal superior, Keiwer Peña y las presidentas de los Circuitos Judiciales Penales de los estados Zulia y Yaracuy, María Elena Cruz e Isis Pineda, respectivamente.
Además, hicieron presencia los diputados de la Asamblea Nacional: Julio García Zerpa, Yonder Durán, Willy Medina, y Jesús Brito, igual que el coordinador general de la Defensa Pública, Franklin Vezga; la coordinadora regional de la institución, Ana Leal; el coordinador de la Defensa Pública en la extensión Cabimas, Jonahtan Leal; el asesor adjunto del DPG, Jorge Arestigueta; sumándose un importante equipo de funcionarios de este órgano del sistema de justicia en las diversas competencias que hacen vida en Maracaibo, Cabimas y Villa del Rosario.
En el transcurso de la actividad, el Defensor Público General entregó a los jueces y juezas de ejecución de ese circuito judicial penal, 416 certificaciones de antecedentes penales de penados y penados.
De esta manera, los órganos del sistema de justicia continúan trabajando en perfecta coordinación por la celeridad procesal de todos los asuntos penales con fines de una sentencia justa y oportuna.
