Desde los espacios de la Sala Telemática del Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, participó en una mesa de trabajo para afinar detalles sobre el próximo abordaje de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia, el cual se desplegará en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara y Zulia inicialmente; y posteriormente en el resto del territorio nacional.
La reunión estuvo presidida por el primer vicepresidente del alto juzgado y presidente de la Sala de Casación Social, magistrado Edgar Gavidia, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, magistrada Elsa Gómez.
En su intervención, la máxima autoridad de este órgano del sistema de justicia señaló que “desde la Defensa Pública nos inclinamos por una justicia restaurativa, donde a ese hombre y mujer nueva se les dé una segunda oportunidad, Venezuela actualmente tiene el menor índice delictivo que ha existido en la historia, es decir, estos abordajes han logrado que las personas salgan y no vuelvan a incidir en delitos”.
El encuentro contó con la participación vía telemática de todas las presidentas y presidentes de los Circuitos Judiciales Penales del país, en compañía de las y los coordinadores regionales de la Defensa Pública, así como de las y los fiscales superiores de cada entidad.
En la reunión estuvo presente de manera presencial el Fiscal General de la República, Tarek William Saab; la ministra para el Servicio Penitenciario, V/A Celsa Bautista; la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Alana Zuloaga; el primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Julio García.
Asimismo, participaron otras parlamentarias y parlamentarios, como Carolina García, Azucena Jaspe, Rafael Enrique Ramos y Luz Chacón; y en representación del Ministerio Público, la directora general de Protección de Derechos Humanos, Karin García, el director general Contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, y el director de Ejecución de Sentencia Penal, Enrique Arrieta.
