El Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, participó en una mesa de trabajo, con las máximas autoridades del sistema de justicia, convocada por el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, con el propósito de avanzar en los asuntos y diversas circunstancias que afectan la celeridad procesal de las y los privados de libertad.
Durante la mesa de trabajo, Ramírez Herrera mostró cifras de privados y privadas de libertad que están siendo procesados por delitos cuya pena en su límite máximo no excede de ocho (8) años; con tres (3) años o más sin que se haya dictado sentencia; condenados a cinco (5) años o menos y los que tienen más del 75% de la pena cumplida; igualmente refirió que el trabajo y estudio es un derecho constitucional de todo privado y privada de libertad, sea realizado en un internado judicial o en un centro de detención preventiva, a los efectos de considerar sus redenciones.
«El llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro es a seguir trabajando todos unidos y en la calle para atacar y resolver los nudos críticos que afectan a las y los privados de libertad”, expresó.
En la reunión estuvo presente el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, el primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Social, magistrado Edgar Gavidia; la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, magistrada Elsa Gómez; la vicepresidenta de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género magistrada Lourdes Suárez Anderson; la ministra para el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, V/A Celsa Bautista; la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga; el primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Julio García; el diputado Enrique Ramos; la diputada de la Asamblea Nacional, Azucena Jaspe y Carolina García, la directora general de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karin García; el coordinador general de la Defensa Pública, Franklin Vezga, entre otros representantes del sistema de justicia.
