Defensor Público General participa en el programa 158° de Pueblo de Verdad por la emisora Radio Miraflores

“A diferencia de muchos países donde se les exige mostrar una declaración de pobreza certificada, la Defensa Pública de la República Bolivariana de Venezuela asiste, representa y asesora de manera gratuita a todas las ciudadanas y ciudadanos sin importar la condición social, económica, religión o aspecto político”.

Así comunicó el Defensor Público General (DPG), Daniel Ramírez Herrera, durante una entrevista en el programa 158° de Pueblo de Verdad, conducido por el diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Ramos en la emisora Radio Miraflores.

Ramírez Herrera explicó que la institución cuenta con más de 1.700 defensores públicos con actuación en 17 materias de competencia, desplegados en las distintas unidades regionales y de extensión de la Defensa Pública disponibles en el territorio nacional para garantizar el derecho constitucional a la defensa de todas las y los ciudadanos.

Por otra parte, destacó que en el año 2022 este organismo atendió a más de 315.000 usuarios, mientras que en el 2023 la cifra ascendió a 519.599, lo que representa un aumento del 37% respecto al año anterior. Además, dio a conocer que actualmente esta institución presta su servicio a más del 65% de la población penitenciaria.

Con respecto a la creación de la Comisión Presidencial de la Revolución del Sistema de Justicia, el titular de la DP señaló que se logró reducir el índice de privados de libertad recluidos en centros de detención preventiva e internados judiciales del país en un 50%”, lo que garantiza el verdadero Estado social de derecho y de justicia.

El DPG también destacó que ha participado en diversas mesas de trabajo con las máximas autoridades del sistema de justicia para avanzar en los asuntos y diversas circunstancias que afectan la celeridad procesal de las y los privados de libertad, “estamos dando pasos importantes para atacar y resolver los nudos críticos que afectan a las y los usuarios, donde además se esta trabajando en la restructuración y en los cambios legislativos del sistema judicial venezolano”.